Además, las farmacias tendrán la obligación de
facilitar a los ciudadanos un recibo con el nombre del
medicamento, la aportación del paciente y su precio de
venta al público, con independencia de que el precio
aparezca en el cartonaje del fármaco.
Según Sanidad, el Anteproyecto de Ley pretende
asegurar la calidad y la universalidad de la
prestación farmacéutica en todo el Sistema Nacional
de Salud y nace con los objetivos fundamentales de
fomentar el uso racional del medicamento, reforzar las
garantías de estos productos e introducir medidas de
racionalización del gasto farmacéutico.
La norma, que sustituirá a la Ley del Medicamento de
1990, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico varias
directivas europeas en materia de medicamentos de uso
humano y animal, armonizando la legislación española
a los procedimientos comunitarios para la autorización y
control de los fármacos.
Del mismo modo, la ley establece el marco
normativo para el desarrollo de varias de las
medidas incluidas en el Plan Estratégico de Política
Farmacéutica puesto en marcha por el Ministerio.
Paso a paso
El primer borrador de esta ley fue remitido a las
Comunidades Autónomas y a los sectores implicados el
pasado 8 de junio. Durante estos meses, el Ministerio de
Sanidad y Consumo ha mantenido un amplio debate, fruto
del cual se han incorporado una serie de medidas que han
contribuido a mejorar su articulación final.
El texto ha sido también debatido en el pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (SNS) el pasado 29 de junio y en diversas
reuniones de la Comisión de Farmacia.
Tras haber recibido el visto bueno del Consejo de
Ministros, el texto será aprobado por el Gobierno, que
lo remitirá al Parlamento para su debate por
parte de los grupos políticos.
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