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Imagínese un quirófano abarrotado (enfermeras, anestesistas,
cirujanos...) con un paciente en una situación crítica. La celeridad
con la que hay que actuar hace que los cortes, heridas y pinchazos
fortuitos con jeringuillas y agujas estén a la orden del día. Lo
mismo le ocurre al personal de ambulancias. Atender a un individuo
en plena calle o hacerse con el control de una persona bajo los
efectos del alcohol u otras drogas no permite, a veces, observar la
prudencia óptima.
Al cabo de un año, en cualquier centro hospitalario de nuestro
país, se producen una media de 14 pinchazos y cortes accidentales.
De hecho, y hasta que se instauraron los programas rutinarios de
vacunación para la hepatitis B, el 70% del personal sanitario
presentaba anticuerpos frente a la enfermedad. Es más, si tomamos
una muestra de 100 exposiciones de riesgo declaradas (muchas de
ellas no se confiesan por miedo a quedar relegado en el puesto de
trabajo o marginado socialmente) tendremos que una de cada 10 acaba
en hepatitis C y una de cada 20 en VIH.
Muchos pensarán que dichos trabajos implican este peligro, pero
quizá no sepan que existen mecanismos para reducirlo hasta en un
70%. Se trata de diferentes dispositivos de bioseguridad (ver
gráfico) dotados de mecanismos que ocultan, encapsulan o retraen las
agujas o la parte cortante una vez utilizados.
Movilización
El colectivo de enfermería está siendo uno de los más
beligerantes a la hora de reclamar la implantación de este material
en los centros españoles. Al fin y al cabo, el 46% de los accidentes
de este tipo se dan entre sus trabajadores. Máximo González,
presidente del Consejo General de Enfermería lleva años luchando por
hacer oír la voz de estos profesionales en todos los foros posibles
y desde esta institución ha contribuido a promover todo tipo de
directivas en materia de prevención del riesgo biológico, una tarea
que empieza a dar sus frutos.
«Ya nadie se plantea la existencia de jeringuillas de cristal
[que había que esterilizar en agua hirviendo] pero su sustitución
por las desechables de plástico supuso una revolución», pone como
ejemplo.
Como es fácil de imaginar, una de las trabas con las que se han
encontrado los impulsores de este tipo de material ha sido su
financiación. Lógicamente, estos dispositivos son más caros que sus
homólogos convencionales porque son más sofisticados. Hay que tener
en cuenta que, además de esconder la aguja, el método ha de ser
seguro y cómodo para el paciente, además de no poder abrirse o
romperse y dejar partes punzantes al descubierto.
Sin embargo, una experiencia piloto llevada a cabo en el Hospital
Son Dureta (Baleares), demuestra que el ahorro a medio y largo plazo
es evidente. Cada pinchazo leve implica un gasto de unos 330 euros,
incluyendo el seguimiento que necesite el trabajador (pruebas,
visitas médicas, bajas laborales...).
Si resulta ser un contagio de hepatitis C o VIH, las cifras se
disparan ya que, por ejemplo, la terapia antirretroviral supone al
principio un desembolso de más de 600 euros mensuales, sin contar la
medicación necesaria para paliar los efectos secundarios y las
bajas, ya sean temporales o definitivas.
«Y además no podemos obviar el coste emocional, ya que los
trabajadores pasan por una situación angustiosa hasta que se enteran
del diagnóstico. Si encima éste es desfavorable tienen que
enfrentarse a cuadros depresivos, de ansiedad... que, además de
acarrear otro gasto económico, también se cobran una factura en el
ámbito sociofamiliar», apostilla Máximo González.
El ahorro
En definitiva, los autores de la experiencia en Son Dureta
calcularon que el coste de dotar al centro con el material de
bioseguridad necesario supondría unos 474 euros por cama.
«Contrastando el precio de la incorporación de los dispositivos de
seguridad con los costes post-accidente de los profesionales
afectados, la reducción del total resulta, aproximadamente, del
51%», concluyen los miembros del centro balear. Además, hay varias
empresas dedicadas a la fabricación de estos dispositivos de forma
que, al no haber un monopolio, se pueden conseguir precios muy
ajustados para las arcas de los sistemas sanitarios.
Madrid ha sido la Comunidad pionera a la hora de proteger a sus
trabajadores sanitarios de los accidentes percutáneos. De hecho, la
orden 827/2005, promulgada en mayo de este año por la Consejería de
Sanidad y Consumo está considerada como «piedra angular» a la hora
de implantar el instrumental de bioseguridad. No obstante, los
expertos en este tema se muestran muy optimistas ante lo que
consideran un fenómeno imparable.
«Castilla-La Mancha ha tenido una acogida muy favorable y se ha
puesto manos a la obra y en Baleares también lo tienen a punto»,
explica el presidente del Consejo General de
Enfermería.
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